El Ministerio de Trabajo y Economía Social pretende simplificar los modelos de prestación y concentrar los incentivos a la contratación indefinida con bonificaciones en las cotizaciones sociales, en los colectivos de desempleados con mayores dificultades de inserción laboral.
Subsidio por desempleo
El subsidio por desempleo es la ayuda asistencial que reciben los parados que han consumido la prestación contributiva y tienen algún tipo de responsabilidad familiar, o simplemente más de 45 años. Generalmente, el subsidio tiene una duración de seis meses aunque puede prorrogarse hasta dieciocho. Su cuantía es de 452 euros al mes y actualmente se están beneficiando de dicha prestación casi un millón de personas en toda España.
Trabajo ha decidido ampliar la duración de este subsidio (sin concretar el plazo) y reducir los grupos de beneficiarios a las personas que no acrediten cotizaciones suficientes para el acceso a la prestación contributiva. Y, en segundo lugar, a las personas que hayan agotado la prestación contributiva y se mantengan en situación de desempleo.
Trabajo afirma que el sistema de protección ante el desempleo resulta muy complejo en su conjunto, por el elevado número de modalidades de prestaciones. Por ejemplo, la contributiva y asistencial, las prestaciones agrarias, la protección de los autónomos, los programas de fomento de empleo o de rentas mínimas. Por lo tanto, según Trabajo, “es un modelo de cobertura social fragmentario, desigual e ineficiente”. Además, con frecuencia, existe el riesgo de que se solape con la batería de ayudas sociales que conceden las comunidades autónomas o, incluso, con el ingreso mínimo vital que puso en marcha el Gobierno en 2020. Trabajo ha detectado que se está produciendo una desigualdad territorial con elevadas diferencias en la protección de los beneficiarios cuando la regulación y diseño no corresponden al Gobierno Central.