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Cocinar, lavar, cuidar a los niños y realizar innumerables tareas que exigen una dedicación absoluta son labores a menudo infravaloradas. Las amas de casa representan un colectivo invisibilizado que, aunque trabaja tanto como cualquier otro empleado, hasta hace unos meses no tenía acceso a ningún tipo de ayuda o pensión al llegar a la jubilación. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente.
Al no estar registradas en la seguridad social ni contar con un contrato de trabajo, cuando estas personas llegaban a los 65 años se encontraban sin ninguna prestación. Ahora, la situación es diferente. La pensión no contributiva ofrecida por el Imserso está dirigida a este grupo, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Requisitos para recibir la pensión
Además de tener 65 años o más, el solicitante debe residir en España y haberlo hecho durante al menos 10 años entre los 16 años de edad y la fecha de solicitud de la pensión, de los cuales dos deben ser consecutivos y anteriores a la solicitud. También debe demostrar carencia económica, con ingresos personales anuales inferiores a 7.250,60 euros para el año 2024.
Ingresos familiares
Esta medida también contempla ciertas condiciones adicionales según los ingresos familiares. Si la persona cumple con los requisitos pero vive con familiares, se aplican otros límites de ingresos. En el caso de convivir con su cónyuge o familiares de segundo grado, el ingreso conjunto no debe superar los 12.326,02 euros anuales para dos personas. Si son tres, el límite asciende a 17.401,44 euros anuales, y para cuatro personas, a 22.476,86 euros anuales. Por cada persona adicional, se suman 5.075,42 euros anuales.
Si la convivencia es con un pariente de primer grado (como padres o hijos), los ingresos deben ser inferiores a 30.815,05 euros anuales para dos personas. Esta cifra se incrementa a 43.503,6 euros anuales si son tres personas y a 56.192,15 euros anuales en el caso de cuatro. Para cada integrante adicional, se deben sumar 12.688,25 euros anuales.
Solicitud de la pensión no contributiva
Para acceder a la pensión no contributiva, las amas de casa deben presentar la solicitud ante los servicios sociales de la comunidad autónoma donde residen o en los centros que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene habilitados para este fin. Es fundamental aportar la documentación que acredite la identidad, la residencia en España durante el período requerido, y la situación económica del solicitante y de su unidad de convivencia.
Documentación requerida
Entre los documentos necesarios para tramitar la pensión se incluyen el DNI o NIE del solicitante, el libro de familia o certificado de empadronamiento que demuestre la convivencia con familiares y un certificado de ingresos económicos, como nóminas, pensiones u otros justificantes de rentas. Adicionalmente, es posible que se solicite documentación complementaria que acredite cualquier otra circunstancia relevante para la evaluación de la solicitud.
Procedimiento de evaluación y aprobación
Una vez presentada la solicitud, las autoridades competentes procederán a su evaluación, comprobando que se cumplen todos los requisitos establecidos. Este proceso puede variar en duración dependiendo de la comunidad autónoma, pero generalmente toma unos meses. Durante este tiempo, se puede requerir información adicional o aclaraciones. Si la solicitud es aprobada, la pensión no contributiva se comenzará a abonar de manera retroactiva desde la fecha de solicitud, siempre que se cumplan todos los criterios desde ese momento.
Importancia de la medida
Esta pensión no contributiva representa un avance significativo en el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y en la protección social de las amas de casa, otorgándoles un derecho que anteriormente se les había negado. Al ofrecer un respaldo económico, se contribuye a reducir la vulnerabilidad de estas personas en su vejez y a garantizarles una mayor dignidad y seguridad en esta etapa de sus vidas.
Consideraciones adicionales
Es importante señalar que esta pensión no contributiva es compatible con otras ayudas o prestaciones, siempre que los ingresos totales no superen los umbrales establecidos. Además, la cuantía de la pensión puede variar dependiendo de los ingresos y del número de personas en la unidad de convivencia, ajustándose cada año de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo (IPC) y otros factores económicos.
Esta medida no solo supone un alivio económico, sino también un reconocimiento social y moral hacia un colectivo que durante años ha sido relegado a un segundo plano, a pesar de su contribución fundamental al bienestar de las familias y la sociedad en general.
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