Las medidas fiscales que propone el Gobierno

El documento programático presentado este martes por el PSOE para tratar de recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno insiste en diversas medidas fiscales con las que aumentar la recaudación fiscal de España, actualmente del 37,9% en relación al PIB, para equipararla con la media europea, del 46,1%.

¿Qué principales medidas fiscales se proponen?

En materia fiscal, el PSOE no ha incluido el impuesto a la banca en sus propuestas a Podemos, pero sí se compromete a reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios.

También se propone la armonización a nivel europeo con el impuesto sobre las transacciones financieras (“tasa Tobin”), que grave con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas, y vuelve a plantear el impuesto sobre determinados servicios digitales («tasa Google») con el fin de gravar aquellas operaciones que actualmente no tributan.

En el Impuesto sobre Sociedades, los socialistas insisten en establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos. El PSOE también ejercerá un mayor control sobre las SICAVS, y en el caso de las pymes, el tipo de Sociedades se rebajará del 25% al 23%.

En el IVA, contempla reducir el tipo al 10% en el caso de los servicios veterinarios y se compromete a promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo.

Igualmente, aprobará una Ley contra el Fraude Fiscal, aumentará los activos de la Inspección de Hacienda y luchará contra los paraísos fiscales, se compromete a prohibir las amnistías fiscales y a reducir a 1.000 euros los pagos en efectivo.

Dividendos: quieren «limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras empresas».

Subida del diésel: se comprometen a «promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo» y aunque no mencionan directamente a la subida de impuestos al diésel que ya descuenta el sector, dicen que «revisarán los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización y su eficacia», por lo que por esta frase la llevarían a cabo. Dentro de la guerra al coche del Gobierno, también insisten en que «prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales», han asegurado.

En concreto, estas son las medidas fiscales contenidas en dicho documento:

– Impulsaremos la aprobación de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

– Reformaremos la regulación del Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

– Limitaremos las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades.

– Ejerceremos un mayor control sobre las SICAV, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera.

– Estableceremos mejoras en la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

– Promoveremos el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo.

– Revisaremos los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización, en su eficacia, y en la coherencia con las políticas de transición ecológica.

– Aprobaremos la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y elaboraremos una Estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales.

– Reforzaremos la normativa tributaria para ser más exigentes con los demás países y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales. Adicionalmente, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional.

– Reduciremos a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular.

– Añadiremos los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros.

– Llevaremos a cabo la trasposición de la Directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general anti abuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.

– Adoptaremos las reglas aprobadas por la OCDE, con objeto de imponer a los intermediarios fiscales la obligación de remitir información a la administración tributaria sobre las medidas adoptadas por los sujetos obligados que traten de eludir o circunvalar el CRS (estándar de intercambio automático de información), así como suscripción del Acuerdo de Autoridades Competentes cuando se abra para la firma.

– Impulsaremos los trabajos de la recién creada unidad central de coordinación de las actuaciones de control de contribuyentes con patrimonios relevantes, que tendrá competencias para planificar, seleccionar, establecer criterios y coordinar las actuaciones en todo el territorio.

– Elaboraremos un estudio para ver la posibilidad de modificar las normas reguladoras de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del extranjero de las entidades de crédito.

– Impuesto sobre el Valor Añadido: reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.

– Crearemos el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.

– Impulsaremos la mejora de la calidad de la regulación y de las políticas públicas mediante el refuerzo de los instrumentos de evaluación. En particular, se reforzará la evaluación del gasto público, con un procedimiento sistemático de análisis y seguimiento de las recomendaciones (spending review).

– Gobiernos Locales: dentro del catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), ampliaremos la posibilidad que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o rehabilitación de viviendas, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas.

Para más información:

https://www.psoe.es/media-content/2019/09/Propuesta-abierta-para-un-Programa-Com%C3%BAn-Progresista-3-sept.-2019.pdf