El inexplicable recorte a los planes de pensiones individuales

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 presentado por el Gobierno contempla una reducción sustancial del incentivo fiscal que, en el ámbito del IRPF, se viene aplicando a las aportaciones que efectúan los contribuyentes a sus planes de pensiones individuales. Disminuye el actual límite de aportaciones que pueden minorar la base imponible del IRPF del contribuyente, de 8.000 a 2.000 euros. Adicionalmente también se reduce el límite de la aportación anual al plan de pensiones del cónyuge, que baja de 2.500 a 1.000 euros. Afortunadamente, las reducciones en la base imponible de las aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad (10.000 euros anuales) o efectuadas por las propias personas con discapacidad (24.250 euros) no se han visto disminuidas.

¿Cuál es la justificación de esta medida? A tenor de lo expresado en la exposición de motivos de la norma, se trata de “hacer compatible un crecimiento económico equilibrado y un aumento de los ingresos tributarios que permita el fortalecimiento del Estado del bienestar y reduzca desigualdades”. Dicha medida ha sorprendido a contribuyentes ahorradores, a las compañías financieras y aseguradoras, por supuesto a las patronales de la previsión social complementaria (Inverco y Unespa) y al sector empresarial en general, que la han calificado de precipitada, errónea y meramente recaudatoria. El Gobierno trata de justificarse alegando que mantiene y potencia el incentivo fiscal para los planes de pensiones colectivos o de empresa, permitiendo una reducción de sus aportaciones de hasta 8.000 euros -que, unidas al máximo de 2.000 euros por la modalidad de los individuales, posibilitaría desgravar hasta 10.000 euros anuales- y, además, anuncia la creación de un fondo público de pensiones.

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