Dícese de la falta de sensibilidad y de capacidad para ponerse en la piel del otro que muestran nuestros servicios tributarios, incluso en tiempos convulsos como los que vivimos a causa del Covid-19.
En estos días hemos podido leer en la prensa que la Dirección General de Tributos ha respondido a una consulta de una contribuyente autónoma negándole la posibilidad de tratar como gastos deducibles los suministros de su vivienda (internet, electricidad, etc.), a pesar de que a causa del confinamiento se haya visto obligada a desarrollar su actividad desde su casa, en lugar desde el local donde habitualmente la realiza.
Para poner en contexto la cuestión debemos decir que el Art. 30 de la Ley del IRPF considera deducibles los gastos de suministro de la vivienda de un contribuyente en la cuantía del 30% del porcentaje de vivienda que use para la actividad económica. Esto es, si la vivienda mide 100 metros cuadrados y dedicamos 15 metros cuadrados a la actividad, podremos deducir el 4,5% de los gastos de suministros. Si tenemos unos gastos mensuales de 200 €, serán deducibles 9 €. Y si el tipo medio de tributación fuera un 25%, estaríamos hablando de una cuota íntegra de 2,25 € mensuales.
En otras palabras, la Dirección General de Tributos le está negando a una contribuyente autónoma un ahorro descomunal de 2,25 € mensuales.
La interpretación es tan burda que, incluso en términos recaudatorios, sale ganando Hacienda, como siempre; ya que la autónoma se deduciría un exiguo porcentaje de los suministros de su vivienda, pero a cambio no tendría un mayor gasto deducible en el local que habitualmente usa para ejercer su actividad, al estar este cerrado a causa del confinamiento.
Resulta también curioso la falta de unidad de criterio a la hora de aplicar el concepto de “fuerza mayor” según conviene a la Administración Tributaria.
Pero lo que es cierto es que este tipo de actitudes, más simbólicas que sustanciales en lo dinerario, no hacen más que acrecentar el desapego de los contribuyentes, que no pueden sino sentirse esquilmados por una maquinaria recaudatoria que obvia el funcionamiento de la economía española.
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