La crisis del COVID19 ha influido negativamente en la vida económica de muchos particulares y autónomos, que se han visto sumergidos en una situación de acumulación de deudas.
Por suerte, la Ley de Segunda Oportunidad, en vigor desde el año 2015, es un instrumento jurídico para aquellas personas particulares o autónomas, que se encuentran en una situación de insolvencia generalizada y, no pueden cumplir con sus obligaciones financieras.
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