Nuevas ayudas directas para pymes y autónomos

Hasta ahora, los ERTE y los créditos ICO han sido instrumentos eficaces para el mantenimiento de las rentas, el sostén de las relaciones laborales y el disfrute de una mayor liquidez. Pero no son suficientes para atajar el problema de la insolvencia.

El Gobierno valora por fin conceder ayudas directas a pymes y autónomos después de los reiterados gritos de auxilio de muchos sectores castigados por las medidas para tratar de controlar la invasión del virus.

A punto de cumplirse un año de pandemia, las empresas están al límite. La preocupación por la situación financiera de nuestro tejido industrial ha llevado al Ministerio de Economía a plantearse nuevas medidas que permitan mejorar su solvencia antes de que la quiebra sea irremediable o se conviertan en ‘zombis’.

El objetivo es tener listo el marco de ayudas a finales de febrero para remitirlo a la Dirección General de Competencia europea, que aproximadamente en un mes emitirá una respuesta, tras ella, el Gobierno lo aprobará en Consejo de Ministros y, con suerte, estarán en vigor a principios del mes de abril.

El año pasado 45.000 empresas dejaron de estar activas, según las estadísticas de la Seguridad Social. Queda por delante un año muy duro hasta que se llegue la inmunidad de rebaño y numerosas compañías que en condiciones normales eran perfectamente viables pueden acabar no siéndolo por la carga de la deuda

Se trata de paliar los problemas de «sobreendeudamiento» de pymes y autónomos, y no de liquidez.

Este nuevo paso llega una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado. Este nuevo escenario incluye la posibilidad de convertir los auxilios instrumentados en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas.

El nuevo marco temporal de ayudas abierto por la Comisión Europea habilita al Ejecutivo español a plantearse un paquete de medidas a modo de salvavidas para que las empresas puedan contar con una mayor solvencia y sobrevivir a la tercera ola, a la cuarta y a las que puedan venir.

Las principales novedades pasan por convertir parte de los préstamos en subvenciones y modificar la Ley Concursal para que las sociedades y autónomos puedan reconvertir o liquidar su negocio con rapidez. Las pymes tienen puestas sus esperanzas en este plan que, permitirá sufragar parte de los costes inasumibles en estos momentos.

¿Quiénes serán los beneficiarios?

A la hora de otorgar estas ayudas, será clave discernir entre las compañías viables, pero con problemas de liquidez por el coronavirus y “las empresas desahuciadas” , que subsisten con los estímulos del Gobierno y la banca, pero con un fallecimiento inminente ya diagnosticado. Para ello, las patronales bancarias (AEB y CECA), junto al Banco de España y la Consultora Oliver Wyman trabajan en realizar una valoración sobre cuáles son las empresas y sectores viables. No obstante, a la hora de optar por estas ayudas, tenga en cuenta que los bancos también analizarán el riesgo de cada compañía caso por caso, como han hecho con los avales ICO.

La gran incógnita de la ecuación es evitar que estas ayudas acaben en empresas que ya no tienen futuro.

El plan de Moncloa es evitar que los fondos vayan a sociedades zombis en detrimento de compañías saneadas. Para ello propone valorar los datos económicos en poder de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe) y los resultados positivos de 2019. Las ayudas que el Gobierno baraja oscilan entre el 70% y el 75% de la facturación registrada por el negocio en 2019 prorrateado en cinco meses, según explican a el Economista fuentes bancarias.

El periodo de cinco meses se ha determinado por el Ejecutivo pensando en el calendario de vacunación y en la menor incidencia del virus al término de ese plazo, aunque todo parece apuntar a que será mayor, a juzgar por las dificultades y la ralentización de procesos que estamos viviendo.

¿Cuáles serán las vías utilizadas en las ayudas?

A día de hoy, no está clara la fórmula que se utilizará, o mejor dicho la información que ha trascendido a los medios de comunicación no es muy precisa. Calviño no ha querido desvelar si las ayudas consistirán básicamente en algún tipo de condonación de parte de los créditos ICO con alguna fórmula que permita capitalizar esa deuda condonada.

Los vaticinios formulados a día de hoy no son unánimes. Unos apuntan a dos rutas: la primera, condonar una parte de los avales ICO y ampliar las líneas de crédito y, la segunda, utilizar ayudas directas, incrementando el fondo de capitalización de la Sepi y los créditos fiscales en el Impuesto de Sociedades.

Se trata de convertir los anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos otorgados hasta ahora en subvenciones directas”, mediante la determinación del porcentaje de los créditos ICO (unos 130.000 millones de euros concedidos hasta ahora) que puedan transformarse en capital de las empresas y de la parte de esa quita (ayuda a fondo perdido) que deben soportar los bancos. Fuentes cercanas a este proceso apuntan a un porcentaje de entre el 10 y el 20% del total, dependiendo de cada caso, sector afectado y situación concreta de la compañía.

Otros expertos afirman que las futuras inyecciones de capital serán en forma de cheques a fondo perdido, de forma que, España seguiría la senda marcada por Francia, Alemania o Italia, países que han dado “bonos” directos a los pequeños empresarios.

Y, por último, están las entidades financieras que no quieren dejar su protagonismo a un lado y buscan desempeñar un papel clave en esta nueva ola de incentivos. Afirman que ellas son las principales interesadas en dar oxígeno a empresas viables para que puedan continuar asumiendo sus compromisos y evitar impagos.

Según fuentes consultadas, el sector financiero se postula para ser el canalizador de estas inyecciones en forma de capital, de modo que las empresas, como clientes, acudan a las entidades para que les adelanten los fondos procedentes del Gobierno. Este rol permitirá a las compañías acceder al impulso financiero hasta que el Ejecutivo reciba los fondos UE, que después podrán ser devueltos a las entidades vía directa o mediante exenciones fiscales.

En cualquier caso, estas bonificaciones, tal y como hemos dicho, deberán ser avaladas primero por la CE, amén de detallarse cómo se canalizarán a través de la banca. La mayor incertidumbre surge en el caso de las pymes y los autónomos, siendo más claro el esquema para sociedades anónimas con cuentas depositadas en 2019.

A pesar de que en el último informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre estas actuaciones de subvención directa se cuantificaba en un 1,5% el porcentaje de gasto público sobre PIB realizado por España en la crisis, frente a la media del 5% de la zona euro, no sería justo concebir que todo han sido sombras en la gestión económica de la crisis española.

Además de los ERTE (con un gasto de 40.000 millones de euros) y los avales del ICO (con más de 115.000 millones-), las prestaciones por cese de actividad o las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social, el Gobierno ha adoptado medidas para que las comunidades autónomas tengan la mayor financiación de su historia para combatir la pandemia y aprobar ayudas directas para autónomos y pymes.

Además, se han aprobado moratorias en el pago de créditos hipotecarios y no hipotecarios, cuya extensión a nueve meses se publicó el pasado 2 de febrero. Según fuentes oficiales, estas moratorias han permitido que más de 1,3 millones entre familias, autónomos y empresas de los sectores del turismo y transporte hayan podido aplazar el plago de sus préstamos.

Igualmente, el pasado mes de noviembre se extendió el periodo de carencia y de amortización de las Líneas de Avales del ICO, con el objetivo de que las empresas y autónomos dispongan de mayor margen para recuperar su actividad económica. Con este cambio, se amplió el periodo de carencia hasta 24 meses y el plazo de devolución de los préstamos hasta ocho años.

También, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las empresas y autónomos, se adoptaron medidas para flexibiliza el pago de alquileres, tanto de particulares como de locales comerciales.