La auditoría voluntaria no tiene su origen en una obligación legal y suele ser acordada por los órganos de gobierno de la sociedad.
Las circunstancias que hacen que una empresa esté en la obligación de auditarse son de diversa índole: volumen de cifra de negocios, importe total de activos, número de empleados, sector de actividad, haber recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea, entre otras.
No obstante, existen muchas pequeñas y medianas empresas que, si bien no cumplen los requisitos obligatorios para auditar sus cuentas anuales, sí les gustaría obtener un informe de auditoría con la opinión de un profesional independiente.
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