Coloquialmente, el concurso de acreedores es el salvavidas al que recurren muchos negocios en momentos críticos. Cuando una empresa se ve agobiada por serias dificultades financieras y no logra hacer frente a sus obligaciones, puede optar por este procedimiento legal. ¿El objetivo? Reorganizar la empresa o liquidarla de manera ordenada. Desde nuestra experiencia como asesoría fiscal, sabemos que este proceso genera muchas dudas e incógnitas. Por ello, a continuación detallamos en qué consiste un concurso de acreedores, sus implicaciones para los trabajadores y otros aspectos relevantes.
¿Qué es un concurso de acreedores?
En esencia, el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se activa cuando una empresa no puede cumplir con el pago de sus deudas. En España, se regula por la legislación vigente y tiene como finalidad proteger tanto a la compañía como a sus acreedores, estableciendo un orden de pago equitativo que procura evitar el desorden financiero.
Existen dos modalidades principales de concurso según quién lo solicite:
Preconcurso de acreedores: ¿en qué consiste?
El preconcurso es una etapa previa en la que la empresa busca alcanzar un acuerdo con sus acreedores sin necesidad de acudir directamente a los tribunales. Durante este período, que puede extenderse hasta cuatro meses, la compañía queda protegida de demandas por impago, lo que le permite ganar tiempo para negociar soluciones antes de iniciar formalmente el proceso concursal.
¿Quién administra el concurso de acreedores?
La gestión del concurso recae en el juzgado mercantil correspondiente, el cual designa a un administrador concursal encargado de supervisar el proceso. Este profesional analiza la situación financiera de la empresa, elabora un inventario de bienes y deudas y propone soluciones orientadas a la continuidad o a la liquidación del negocio. Además, actúa como intermediario entre la empresa y sus acreedores, garantizando el respeto a los derechos de ambas partes y el cumplimiento de la ley.
Impacto en los trabajadores de una empresa en concurso
Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, los empleados pueden experimentar distintos efectos, tanto favorables como desfavorables:
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Continuidad del empleo: Si la empresa sigue operando, es posible que se mantengan los contratos.
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Modificaciones laborales: Podrían producirse ajustes en salarios o condiciones laborales para asegurar la viabilidad del negocio.
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Despidos: En caso de insolvencia, es frecuente que se produzcan despidos colectivos, gestionados por el administrador concursal.
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Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): Ante impagos de salarios o indemnizaciones, los trabajadores pueden acudir a este fondo público.
Derechos laborales en el proceso concursal
Durante el concurso, los empleados conservan derechos fundamentales, tales como:
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Recibir información sobre el estado del proceso.
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Garantía de pago del salario mientras la empresa continúe en funcionamiento.
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Derecho a indemnización en caso de despido.
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Posibilidad de interponer reclamaciones ante la administración concursal.
Indemnizaciones y pagos pendientes
Aunque la empresa no pueda abonar a sus empleados, éstos pueden reclamar tanto salarios como indemnizaciones. En concreto:
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Salarios pendientes: Se consideran créditos contra la masa y tienen prioridad. Si la empresa no puede pagarlos, FOGASA se hace cargo, hasta un límite de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (incluyendo el prorrateo de pagas extras) durante un máximo de 120 días.
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Indemnizaciones por despido: De igual forma, si no se pueden pagar, FOGASA cubrirá parte del importe, con un límite de un año de salario, sin que el sueldo diario supere el doble del SMI, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Asimismo, en caso de impagos, la Seguridad Social puede reclamar a la empresa las cantidades adeudadas.
El rol de los sindicatos en el concurso
En este contexto, los sindicatos desempeñan un papel crucial en la defensa de los trabajadores, ya que:
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Representan a los empleados en las negociaciones colectivas.
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Intervienen en los acuerdos con la administración concursal.
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Pueden presentar recursos judiciales ante posibles irregularidades.
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Aseguran el acceso a la información y la protección de los derechos laborales.
Tratamiento de las deudas con Hacienda
Las deudas con Hacienda tienen un tratamiento particular en el concurso:
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Se consideran créditos con privilegio general, aunque este privilegio se aplica hasta en un 50% de la deuda. El otro 50% se clasifica como crédito ordinario.
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Las sanciones y recargos pueden ser considerados créditos subordinados, es decir, se abonan solo si quedan fondos disponibles tras atender otras obligaciones fiscales y legales.
Créditos concursales
Dentro del proceso concursal se distinguen los créditos concursales, que son las deudas reconocidas oficialmente. Según su prioridad de pago, se clasifican en:
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Privilegiados:
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Con privilegio especial: Relacionados con bienes o derechos concretos de la masa activa (por ejemplo, créditos hipotecarios).
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Con privilegio general: Que afectan a toda la masa, como las deudas pendientes con Hacienda.
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Ordinarios: Créditos sin preferencia, que incluyen deudas comunes con proveedores o clientes.
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Subordinados: Aquellos que se postergan en el orden de pago, entre los que se encuentran créditos comunicados de forma tardía, intereses, recargos o derivados de contratos con obligaciones recíprocas.
Por último, se debe aclarar el concepto de crédito contingente, que se refiere a deudas futuras dependientes de un evento incierto, como una posible indemnización en un litigio en curso.
Soluciones tras un concurso de acreedores
Las alternativas que pueden derivarse del concurso son:
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Convenio con acreedores: Mediante un acuerdo entre la empresa y sus acreedores se reestructura la deuda, permitiendo que la compañía continúe operando con un plan de pagos establecido.
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Liquidación concursal: Se procede a la venta de los activos de la empresa para saldar deudas, lo que resulta en la desaparición del negocio. En este caso, las consecuencias para los trabajadores pueden ser:
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Extinción de los contratos laborales.
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Derecho a recibir indemnización.
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Posible asunción de importes pendientes por parte de FOGASA.
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Acceso a prestaciones por desempleo, si se cumplen los requisitos.
Algunas empresas buscan evitar la liquidación mediante medidas como:
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Acuerdos extrajudiciales de pago.
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Fusiones o adquisiciones por parte de otras compañías.
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Refinanciación de la deuda con nuevos inversores.
En resumen, el concurso de acreedores es un proceso complejo que implica importantes repercusiones tanto para la empresa como para sus empleados. Si te encuentras en una situación financiera complicada, contar con asesoramiento profesional es fundamental para hallar la mejor solución. En Castellana Consultores estamos preparados para gestionar este procedimiento de forma segura, garantizando el cumplimiento legal y minimizando el impacto para trabajadores y empresarios. ¿Hablamos?
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