Así lo ha dicho la Directora Colectivos Profesionales de Sabadell Profesional Charo Fernández Álvarez en la última news.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha alterado de forma muy significativa la vida personal y social de los ciudadanos y la situación económica, desde que el pasado 12 de marzo se declarara por el Gobierno el estado de alarma, prorrogado hasta las 00:00 horas del día 20 de junio de 2020. Sus consecuencias nos han introducido de lleno en lo que se ha venido a llamar una “Nueva Normalidad”, que han impactado intensamente tanto en las familias como en el tejido empresarial.
Las empresas se han visto obligadas a adaptarse a un nuevo entorno para asegurar, por un lado, la continuidad de sus negocios y, por otro, para aprovechar las oportunidades surgidas fruto del cambio de hábitos derivados del confinamiento. En este contexto, pymes y autónomos, que son dos de los principales actores de la economía española y a la vez se encuentran entre los más vulnerables, se han convertido en grandes damnificados de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 en España. Son muchas las medidas aprobadas por el Gobierno para proteger el empleo y facilitar la recuperación rápida de la actividad económica. Estas medidas, que se instrumentaron principalmente mediante varios Reales Decretos-Leyes, han sido variadas y se han concretado en moratorias hipotecarias y de préstamos personales, de alquileres de viviendas y locales, aplazamientos de impuestos y cuotas de la Seguridad Social, suspensión de plazos administrativos, flexibilización del cese de actividad y los ERTEs, bono social (suministros de agua, luz y gas), renuncia al régimen de módulos en el IRPF, cambios en los pagos fraccionados para la sociedades, medidas fiscales para el sector cultural (artistas y deportistas). Además de estas ayudas, destinadas a evitar el riesgo derivado de la imposibilidad de cumplir las obligaciones de pago de empresas y familias, se estableció una línea de financiación de 100 mil millones de Euros para empresas y autónomos (dicha línea ha sido ampliada posteriormente con 40.000 millones para impulsar las inversiones de autónomos y empresas), respaldada por la garantía pública del ICO, para facilitar su liquidez. A estas ayudas estatales se han ido sumando también otras autonómicas (para trabajadores, autónomos y pymes), sectoriales de la banca (anticipos de los ERTE, adelanto del pago de subsidios de desempleo y pensiones, moratoria hipotecaria…) y las propias de cada entidad financiera para facilitar a sus clientes la liquidez necesaria para la continuidad de sus obligaciones de pago y de su actividad.
En este contexto, la banca, declarada “sector esencial”, ha sido y está siendo clave para que las medidas del Gobierno, autonómicas y sectoriales fueran efectivas con rapidez, además de financiar la actividad solvente interrumpida por el COVID-19. Los bancos, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, estamos afrontando esta crisis de forma sólida. Somos parte de la solución y un agente económico imprescindible para paliar sus efectos: preservar la cadena de pagos y, en general, contener el parón de la actividad. En Banco Sabadell nuestro principal objetivo ha sido, durante todo este tiempo, garantizar la seguridad de los empleados, mantener la continuidad del servicio y las oficinas abiertas, y mitigar la situación originada por la crisis sanitaria a nuestros clientes, empresas y familias, acompañándoles para conocer sus necesidades e informándoles de las soluciones más adecuadas a sus problemas. Tampoco podemos olvidarnos de la otra gran consecuencia del confinamiento, que ha puesto de manifiesto la eficacia y eficiencia del teletrabajo, así como el cambio de nuestros hábitos de consumo, como consecuencia del cierre de los establecimientos físicos, y que ha provocado un mayor uso de los servicios bancarios on line, y el incremento de los pagos con tarjetas. Esta crisis ha acelerado la digitalización.
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