La norma, que está a expensas de la negociación en el Parlamento, tiene como objetivo principal reorientar las bonificaciones de las cotizaciones sociales hacia el fomento del empleo indefinido. Por lo tanto, y salvo en el caso de las personas discapacitadas, la norma recortará todo tipo de ayudas al empleo temporal, para dedicarlas exclusivamente al fomento del empleo indefinido.
Es una medida coherente con las restricciones a la contratación temporal que se regularon en la reforma laboral que, precisamente, entró en vigor hace un año. Incluso, el Ejecutivo va a suprimir la bonificación de las cotizaciones sociales al autónomo que contrate a un familiar.
Una de estas medidas otorgará subvenciones a las cotizaciones de la Seguridad Social para las empresas que empleen a los trabajadores considerados como prioritarios para ayudarles a la inserción laboral. Precisamente, son los que más difícil lo tienen. Por ejemplo, las personas con discapacidad física e intelectual.
Además, la norma quiere facilitar la inserción laboral de los parados de larga duración, y de los jóvenes sin formación. Un parado de larga duración se considera al que lleva un año o más sin encontrar trabajo. En este grupo también están las personas de edad avanzada dentro del mercado laboral, como, por ejemplo, los mayores de 45 y 50 años. Trabajo también ayudará a los contratos de investigación y predoctorales, y la transformación de los contratos formativos y de relevo en indefinidos.
Por ejemplo, en principio, la contratación indefinida de estas personas, con más de un año en el paro, tendrá una bonificación en las cotizaciones sociales de 110 euros al mes. Esta cuantía subirá a 128 euros al mes, si se trata de una mujer. Es decir, con una subvención anual, en estos casos, a la cotización de las empresas de 1.320 euros, si se trata de un hombre, y de 1.536, si la persona contratada es una mujer. Otro ejemplo, los contratos indefinidos con jóvenes de baja cualificación tendrán una bonificación de cotizaciones sociales de 275 euros mensuales. Por lo tanto, supondrá para las empresas un ahorro de 3.300 euros al año en el coste laboral.
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