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El Ministerio de Hacienda está evaluando la posibilidad de modificar los límites de facturación que clasifican a las compañías como “pymes” o “grandes empresas”. Este análisis se basa en el Informe del Grupo de Trabajo de Fiscalidad de Autónomos y Pymes, preparado por el Instituto de Estudios Fiscales, que será fundamental para la reforma tributaria de las pequeñas y medianas empresas. Según el informe, la legislación actual clasifica automáticamente a una empresa como grande si su facturación anual supera los 6 millones de euros, lo cual conlleva un aumento en la complejidad y costos de sus obligaciones fiscales debido a que el tipo impositivo para las grandes empresas es del 30%, comparado con el 25% para las pymes, aunque en la práctica, las grandes empresas suelen pagar un tipo efectivo menor.
CEOE y Cepyme, que han participado en el grupo de trabajo organizado por Hacienda, argumentan que es crucial facilitar el crecimiento de las pymes españolas, que son algunas de las más pequeñas de Europa, ya que esto influye directamente en la productividad nacional. Proponen revisar el umbral actual de 6 millones de euros para simplificar el régimen fiscal y fomentar la expansión empresarial sin impedimentos.
Desde el punto de vista regulatorio, las patronales abogan por dos opciones principales: la eliminación o aumento del umbral existente, o la creación de un periodo de transición que permita a las empresas adaptarse gradualmente a las nuevas obligaciones fiscales que surgen al superar dicho límite.
Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) admite la existencia de un «error de salto» en la determinación de la condición de gran empresa basada en un criterio cuantitativo, y destaca la importancia de equilibrar el fomento del crecimiento empresarial con la complejidad administrativa del sistema fiscal. Sugiere la posibilidad de introducir excepciones o periodos de gracia antes de considerar una modificación del umbral actual.
En otro frente, se plantea la necesidad de unificar los criterios fiscales actuales, ya que existen discrepancias significativas entre las definiciones de pyme y gran empresa en la legislación del IVA y el Impuesto sobre Sociedades. Los empresarios solicitan que se homogeneicen estos umbrales a 10 millones de euros para simplificar la fiscalidad empresarial.
Finalmente, la AEAT subraya la necesidad de realizar un análisis exhaustivo del tejido empresarial para comprender el impacto potencial de cualquier cambio propuesto. Recalca que la mayoría de las empresas en España no superan los 600.000 euros de ingreso neto anual, indicando que cualquier ajuste en los umbrales afectaría a un número limitado de empresas, pero podría tener implicaciones significativas en términos de recaudación y política fiscal. Asimismo, antes de cualquier reforma, es crucial evaluar el impacto presupuestario de los cambios en los umbrales fiscales.
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