La crisis universal del coronavirus

La crisis del coronavirus ha perdido el apelativo inicial de sanitaria, para convertirse en una crisis humanitaria de alcance global con toda la amplitud etimológica y la profusión que el término crisis pueda evocar. Este asesino patógeno que a pesar de su escaso tamaño y de resultar asintomático en un porcentaje mayoritario de casos, ha secuestrado nuestras vidas y nos ha privado de las libertades más esenciales y del mundanal ruido de la economía.

En esta ocasión la cosa no va de ciclos ni desequilibrios macroeconómicos, el país hoy se ha parado y ha cerrado súbitamente la persiana por orden gubernamental de confinamiento hasta obtener algún atisbo de remisión del virus, lo cual quiere decir que se está anteponiendo la vertiente sanitaria y la salud de las personas a las consecuencias económicas disruptivas que ya se están vislumbrando.

El gran problema de este planteamiento de encerrarnos en casa es que puede que estemos matando moscas a cañonazos y al final todo caiga en saco roto y no sirva para gran cosa pese al coste económico inconmensurable que provocará este parón. Si el confinamiento no sigue unas pautas sanitarias con datos verosímiles, y no se procede a realizar de forma masiva los test analíticos de detección del virus, no tendremos una evaluación fidedigna ni una cartografía real de la situación y ello podría suponer la reaparición del virus con olas sucesivas de contagio de mayor virulencia, cuando pretendamos reincorporarnos al trabajo y reestablecer la actividad económica y productiva. Parece que este virus ha llegado para quedarse y acechará nuestros bronquios de forma recurrente y estacional hasta la obtención de una vacuna o algún tratamiento antiviral que resulte efectivo.

Por tanto lo más razonable para minimizar los efectos colaterales, especialmente los económicos inherentes al confinamiento, sería realizar el test a toda la población para garantizar una reincorporación segura y gradual al trabajo y a la vida social de aquellas personas que no estén contagiadas, manteniendo el aislamiento de las que tengan el virus, para que ese esfuerzo ímprobo y absolutamente draconiano del confinamiento que todos estamos realizando, al menos sea efectivo y pueda redundar en una remisión definitiva y real del virus.

De otro modo, pues seguiremos esperando y desesperando, dando palos de ciego y prolongando una situación de parálisis económica con efectos devastadores como nunca antes habíamos conocido.

El INE publicó hace aproximadamente un mes un estudio para evaluar el impacto del covid19 en términos de PIB y empleo. Partiendo de cuatro escenarios de pérdida de actividad llegó a la conclusión de que un mes de inactividad económica podría suponer una pérdida del producto interior bruto de más de 60.000 millones, es decir en torno al 5%, y una pérdida de masa salarial de hasta 1,3 millones de nuevos desempleados. En las postrimerías de la cuarta semana de confinamiento ya hemos superado el millón de desempleados a consecuencia de esta repentina crisis.

Fíjense bien en menos de un mes, casi 5 puntos porcentuales de PIB y 1 millón de desempleados, estos datos son terroríficos y no se pueden equiparar ni siquiera a las cifras de la gran depresión mundial o crisis del 29. Esta situación supera con creces nuestra peor pesadilla y los datos económicos que vamos conociendo parecen sacados de un guión cinematográfico de Guillermo del Toro.

El departamento de Economía de la CEOE publicó recientemente un informe económico sobre el impacto de la crisis, que lamentablemente corrobora el balance de cifras referidas, con lo que a día de hoy nadie duda de que España volverá a entrar en recesión en 2020 debido al parón de la actividad y la consecuente depresión de la demanda.

Si en apenas un mes de confinamiento presentamos una caída de 5 puntos en PIB y casi 1 millón de nuevos desempleados, imagínense si esto se prolonga dos o incluso tres meses o imagínense el escenario antes referido de que una vez concluido el confinamiento, volvamos a incurrir en sucesivas olas de contagio. Los efectos económicos de la crisis dependerán sobretodo de la duración de las medidas adoptadas y de la intensidad de la mismas, aquí el tiempo no es oro, es mucho más que oro, es nuestro futuro. Dios creó el tiempo y el hombre la prisa…

Esta pandemia inédita esta poniendo en jaque a todo el sistema económico y está haciendo tambalear los cimientos pilares de nuestro estado de derecho y además nos pilla como de costumbre a contra pie, en un contexto muy convulso y de gran inestabilidad política e institucional, con unos políticos que no merece tener España, nadie se libra desde izquierdas a derechas pasando por el centro. Todos han demostrado una notable incuria intelectual y una incapacidad para llegar a acuerdos y consensos ni siquiera en una situación límite de emergencia sanitaria como la que tenemos. Esto España no lo merece.

Ante esta tesitura, el gobierno ha adoptado unas medidas paliativas que son insuficientes, tardías y se han articulado con una regulación normativa ambigua que está generando interpretaciones dispares y una gran inseguridad jurídica. A nivel tributario poco que contar, se ha planteado un aplazamiento de deudas inferiores a 30.000 euros a 6 meses con 3 de carencia, y un aplazamiento automático sin instancia de parte para deudas tributarias ya liquidadas y ciertos procedimientos administrativos a 30 de abril o 20 de mayo dependiendo de si el plazo estaba abierto a fecha de entrada en vigor del RDL 7/2020, es decir que para este viaje no se yo si se necesitaban alforjas…

El gobierno también ha articulado una línea de avales para la financiación de PYMES y autónomos en situación de especial vulnerabilidad. Obsérvese que el gobierno está habilitando una línea de avales o garantías para las entidades financieras sin que ello suponga la aportación o inyección de recursos monetarios al sistema. Se habilitó un primer tramo vía ICO de 20.000 millones 10 mil de los cuales eran para PYMES y el resto para grandes empresas y ha durado menos que España en Eurovisión. Los fondos se han agotado en algo más de una semana, y a pesar de que las bases de convocatoria del ICO prohibían expresamente la refinanciación de deudas preexistentes, lo cierto es que las empresas han aprovechado la tesitura para refinanciarse a tipos inferiores.

Estas medidas que se han planteado son muy incipientes y aún no disponemos de criterios de evaluación que nos permitan dirimir objetivamente su eficacia, pero es muy importante que este drenaje de liquidez pueda fluir de forma rápida y efectiva a las PYMES y autónomos. Que no requieran trámites engorrosos ni complejos para que una vez superemos el confinamiento podamos salir de esta caía abrupta en forma de V o al menos en forma de U, pero que evite a toda costa la entrada en periodos de estancamiento cuando se produzca el restablecimiento de la actividad económica.

Las empresas tanto grandes como chicas han solicitado de forma masiva, sin ton ni son, créditos a la banca ante la incierta situación económica y la imprevisible duración de la crisis de manera que estos fondos han perdido la virtuosidad de paliar las carencias de liquidez de las empresas y autónomos más necesitados o en situación de especial vulnerabilidad, de tal manera que con la simple cumplimentación de un pequeño estado de previsión de caja y un compendio de gastos mensuales, los bancos otorgan la financiación garantizada por el Estado con los únicos requisitos de no estar inmersos en ficheros de morosidad del banco de España a 31-12-19 ni en procedimientos concursales. Piensen por ejemplo que El Corte Inglés sólo de una tajada se ha llevado la ignominiosa cantidad de 1311 milloncitos.

Fíjense la curiosidad de que llegados a este punto nadie a tenido en consideración fijar un tipo máximo de interés para que las entidades financieras que como digo cuentan con la garantía del Estado, tengan limitadas sus ganancias en esta situación de emergencia sanitaria y puedan de ese modo formar parte de la solución y no del problema. Es el momento de apoyar decididamente a las empresas afectadas por la pérdida de actividad y no a los bancos.

En cuanto a los efectos sobre el déficit y la deuda pública, dicen las malas lenguas que entre las prestaciones asociadas a ERTE´s, el incremento de las partidas destinadas al gasto sanitario
y la subida salarial de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, podrían situar las necesidades adicionales de gasto público entre 25.000 y 30.000 millones de euros, sin contar con las medidas que aún pueden quedar por anunciar. Es decir que bye bye a la contención de déficit, a los criterios de convergencia de la UE y al equilibrio presupuestario.

Por la parte de los ingresos del Estado por recaudación tributaria, lo primero que va entrar en caída libre o desplome es el IVA por razones obvias. Sólo en esta partida, la caída puede estimarse entre el 10% y el 20% del volumen total de recaudación, es decir entre 7.000 y 14.000 millones, dependiendo de lo que tarde en recuperarse el consumo tras el confinamiento.

En cuanto a los impuestos directos, el IRPF se estima que la caída será menor que la del IVA, situándose previsiblemente entre el 5% y el 10% del volumen de recaudación, lo que supondría un decremento de ingresos para las arcas públicas de entre 4.000 y 8.000 millones de euros.
Por su parte el Impuesto sobre Sociedades, plantea una disminución de ingresos por recaudación entre mil millones y dos mil millones a través del primer pago fraccionado de abril en la modalidad del artículo 40.3 de la LIS, es decir aquella cuya base de cálculo recae sobre la minibase imponible del ejercicio impositivo en curso, es decir el 2020.

En el capítulo de las cotizaciones a la Seguridad Social, el impacto también parece que será bastante inmediato a consecuencia del incremento del desempleo, las bajas de trabajadores autónomos y el efecto de los ERTE. Teniendo en cuenta estos elementos, se estima una pérdida total de recaudación de entre el 8% y el 15%.

Por tanto el resultado agregado de todas las partidas que les he comentado arrojaría un déficit público de entre 80.000 y 120.000 millones de euros, que en términos porcentuales nos situaría en la horquilla del 7,5% y el 11% del PIB, que a su vez supondría como consecuencia inmediata, una ascenso del nivel de endeudamiento público del 108% al 115% del PIB. Todo el esfuerzo de contención de déficit y deuda pública con recortes y ajustes efectuados en los últimos años se evaporan como el agua hirviendo en unas pocas semanas.

Por tanto en mérito a todo lo anterior, mi recomendación para las empresas es que aprovechen todas las ventajas de diferimiento y aplazamiento de deudas tributarias por nimias que resulten, apliquen las moratorias de ingresos de las cotizaciones sociales, y busquen financiación a largo plazo a tipos cercanos al 2%. Es importante que intenten reclasificar temporalmente el endeudamiento financiero trasladando los vencimientos al largo plazo, que revisen pormenorizadamente los presupuestos de tesorería y los flujos previstos de caja, que revisen y ajusten a la baja en la medida de lo posible el staff de gastos fijos de estructura. Es importante también ajustar los plazos medios de pago a los de cobro para mantener un capital corriente en cuantía suficiente que permita atender con normalidad las obligaciones de pago en el corto plazo sin incurrir en tensiones de tesorería.

Desventurado aquel que se preocupe en demasía por el futuro, y arruinado quien no lo haga…