UN «HOMBRE DE PAJA» QUE SE QUITÓ LA VIDA TRAS LA PRESIÓN LABORAL

Tres empresas de Tarragona, dos petroquímicas y su aseguradora, deberán indemnizar con 1,14 millones de euros a la familia de un directivo que se suicidó debido al “elevado estrés” laboral. El caso, que ha causado gran conmoción, involucra a las compañías Alcover Química y Cromogenia Units, que se encontraban en medio de una crisis empresarial con despidos masivos y procesos judiciales por presuntos delitos medioambientales.

El directivo, señalado como el responsable de los problemas de las empresas, vivió bajo una intensa presión laboral, y se le habría utilizado como un «hombre de paja» para cargar con las culpas de las irregularidades. La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Tarragona, aún no disponible, concluye que las empresas no tenían un sistema de prevención de riesgos laborales adecuado y que no tomaron medidas para abordar el estrés psicosocial que afectaba al trabajador, a pesar de que su situación era conocida.

El 10 de mayo de 2020, el director de la fábrica de Alcover Química, quien llevaba casi 20 años en la empresa, se quitó la vida en el almacén de la compañía. Un informe pericial médico confirmó que el suicidio fue causado por motivos laborales, específicamente por la ansiedad y angustia derivada del entorno de trabajo.

La crisis de la empresa, los despidos y los procesos judiciales, en los que el directivo figuraba como imputado, crearon una situación de angustia insostenible. Según la Inspección de Trabajo, el trabajador estaba siendo utilizado como “hombre de paja” para proteger a otros de responsabilidades penales.

El informe de la Inspección detalló que las empresas no evaluaron los riesgos psicosociales ni tomaron medidas de vigilancia de la salud, a pesar de que la plantilla estaba preocupada por el estado del directivo. Además, se identificaron correos intercambiados entre el fallecido y los altos cargos de la empresa que reflejaban una “gran intensidad laboral”, “angustia” y “elevado estrés”. Esto llevó a la jueza a concluir que las empresas incumplieron sus obligaciones preventivas.

La familia del directivo tuvo que emprender un proceso judicial contra la Seguridad Social para que se reconociera el vínculo entre las condiciones laborales y el suicidio. Tras una batalla legal, obtuvieron sentencias favorables tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las empresas implicadas defendieron que el suicidio no estaba relacionado con las responsabilidades laborales, pero los informes periciales demostraron que la angustia del directivo era ampliamente conocida en el entorno empresarial. Según la magistrada, la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo “no es solo una obligación moral y una buena inversión para los empleadores, sino también un imperativo legal establecido en la Directiva marco 89/391 /CEE”.

Este caso pone de relieve la importancia de una adecuada gestión de los riesgos psicosociales en el entorno laboral, destacando que la salud mental de los empleados debe ser una prioridad para las empresas.