El nuevo reglamento de la ley de gobierno digital, de Perú

Un breve análisis, precisiones y comentarios.

Desde hace casi 20 años que el gobierno digital o gobierno electrónico, como se conocía antes, viene desarrollándose en nuestro país y ha pasado por diferentes etapas. Hemos pasado del uso de las TIC’s para aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública (e-goverment), al nuevo marco de gobernanza y co-creación de valor público, donde el Gobierno basa su gestión operativa de servicios públicos totalmente digitalizados, en relación con los datos que la ciudadanía reporta al momento de hacer uso de dichos servicios digitales. (gobierno digital).

En ese sentido, un punto clave en este proceso de pasar del gobierno electrónico al gobierno digital, viene a ser el valor que los datos representan para el mejoramiento de los servicios públicos. Según reportes del INEI, se calcula que en el Perú se registran más de 150 millones de solicitudes, trámites e interacciones ciudadanas con el gobierno al año. Todo este reporte de datos debe servir, en la práctica, como insumo para que se pueda mejorar la calidad de las políticas públicas, conocer de cerca las necesidades ciudadanas e implementar el uso de tecnologías digitales con un enfoque desde el ciudadano.

Bajo este contexto, mediante la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo Nº 1412), se implementa el marco de gobernanza y adecuada gestión de conceptos como: identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos; y, a través de su Reglamento (Decreto Supremo Nº 029–2021-PCM) se organiza, instrumentaliza y detalla, como es que dichos conceptos serán llevados a la práctica. A continuación, pasaremos a comentar, de manera muy resumida, los aspectos más importantes de dicho Reglamento y la forma en que estos impactan en la ciudadanía y el sector público.

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