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El pasado 30 de junio de 2022 finalizó la moratoria concursal aprobada por el Gobiernocomo medida para ayudar a las empresas a paliar los efectos negativos que la crisis causada por la irrupción de la pandemia trajo consigo.
Concluido este periodo, tras varias prórrogas, y ante un escenario marcado por constantes cambios normativos, son muchas las organizaciones que se encuentran en la difícil tesitura de hacer frente a un futuro incierto.
Con el fin de abordar esta situación y evaluar posibles alternativas al concurso de acreedores, como los denominados procedimientos de reestructuración preventiva, nuestra compañera Maribel Vázquez, Socia Directora del Área Civil y Mercantil, publica esta interesante tribuna en el portal Noticias Jurídicas.
Por su actualidad y relevancia, a continuación, reproducimos el contenido íntegro.
«Nos está tocando vivir uno de los momentos más delicados en la historia reciente, en un mundo globalizado una guerra a miles de kilómetros nos afecta gravemente a nivel económico, máxime cuando estamos todavía inmersos en una pandemia mundial que ha dejado a muchas de nuestras empresas cerradas y/o tocadas durante casi dos años, cuando los precios de las energías y otras materias primas se están duplicando, y cuando la inflación está en el 10,20%, porcentaje que no se veía desde los años 70. Las voces de la estanflación empiezan a sonar cada vez más.
A esta difícil situación se enfrentan nuestras empresas, añadiendo, además, que justo el 30 de junio de 2022 acabó la moratoria concursal acordada por nuestro gobierno con ocasión del Covid-19, lo que significa que a partir de dicha fecha las empresas que se encuentren en situación de insolvencia sí están obligadas a solicitar el concurso, y como las cosas no pueden ser tan sencillas, además, estamos esperando a que concluya el trámite parlamentario para la aprobación de la ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal vigente para la transposición de la Directiva de la UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva de la UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
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