Las facturas en el cajón se disparan en el último año lo que, unido a un mayor retraso en los pagos, está ahogando la liquidez de las empresas y podría hacer que la bola de nieve de la morosidad siguiera aumentando en los próximos meses. La crisis desatada por el coronavirus ha provocado un alargamiento de los pagos, con un retraso adicional de cuatro días en el sector privado y de siete en el público, muy por encima del periodo legal del pago de facturas, de acuerdo con el último informe de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), publicado ayer. Sin embargo, ésta es sólo la punta del iceberg, dado que, junto a estas empresas que tienen mayores problemas para pagar a tiempo, pero pagan, se ha disparado el número de empresas que ni siquiera abonan sus facturas. En concreto, el 5,4% de las ventas de las compañías resultaron impagadas, la mayor cifra desde 2014 y un 74% por encima de la cifra del año pasado, lo que supone un “aumento peligroso”, según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
La cifra resulta demoledora, especialmente si se tiene en cuenta el rápido avance en el último año, porque las facturas no se dan por impagadas hasta transcurridos varios meses desde su emisión (primero se califican como de dudoso cobro y después, como impagadas). Por ello, es posible que muchas facturas emitidas a final de año acaben resultando finalmente impagadas. Y, aunque estos impagos se concentran, por el momento, en relativamente pocas compañías, la onda expansiva del choque se puede extender rápidamente. En concreto, el 31% de las compañías encuestadas en el estudio ha experimentado más impagos por parte de sus clientes en 2020 que el año anterior (frente a solo un 5% que sufre menos impagados), lo que puede hacer que algunas de ellas, a su vez, tengan problemas para abonar sus facturas a sus proveedores en el futuro, en un efecto cascada.
Por el momento, no obstante, el problema permanece bastante acotado, como pone de manifiesto el que, a pesar de que los impagos de algunas empresas se hayan disparado, la morosidad está aumentando, pero de forma todavía paulatina. Así, el sector privado ha pasado de pagar a sus proveedores con un retraso de 73 días a abonar sus facturas cuatro días más tarde a 77 días, cuando el plazo legal es de 60 días. Y, dentro de estas compañías hay grandes diferencias, ya que el 45% de las grandes empresas salda sus cuentas 90 días después de la emisión de la factura mientras que solo un 11% de las pymes hace lo propio. Por su parte, el sector público ha ampliado su retraso en siete días, también hasta los 77 días, pero hay que tener en cuenta que, en su caso, el plazo legal es de 30 días. El gran problema, no obstante, es que buena parte de las compañías esperan que la situación se siga deteriorando este año. De hecho, el 48% de los encuestados esperan un mayor alargamiento de los plazos de cobro este año, por sólo un 2% que prevé una mejoría.
Seguir leyendo