Tarinas informa
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Como es sabido, la utilización del dinero en efectivo es garantía de libertad personal, porque permite vivir y gastar sin que terceros sepan de nuestra vida privada y nuestras costumbres. Pero esta libertad facilita los comportamientos defraudatorios. En esta línea, el pasado mes de octubre de 2020, el Gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros el nuevo Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el cual modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, pasando, en el caso de operaciones entre empresarios y profesionales, de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros. Por tanto, bajo la excusa de la lucha contra el fraude, la libertad individual se restringe mucho más. Parece que el Estado todavía no tiene suficiente con la información de que dispone de cada uno, ni con los medios que tiene para recabar infinidad de datos.
A pesar de ello, para minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas, el proyecto de ley respeta el límite de 2.500 eurospara los pagos realizados por las personas físicasque no actúen en calidad de empresarios y profesionales. O sea, lo que paguemos a la vecina porque un día nos prestó un dinero para comprar huevos.
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