Se confirma el error del Gobierno en materia de planes de pensiones

En diciembre de 2020 publicamos un artículo criticando el sustancial recorte del incentivo fiscal en el IRPF a las aportaciones a planes de pensiones individuales. Efectivamente, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 reducía el límite de aportaciones que podían minorar la base imponible del IRPF del contribuyente, de 8.000 a 2.000 euros.

La justificación que ofreció el Gobierno en aquel momento pivotaba entre la teoría de «hacer compatible un crecimiento económico equilibrado y un aumento de los ingresos tributarios que permita el fortalecimiento del Estado del bienestar y reduzca desigualdades» y la voluntad de «potenciar el incentivo fiscal para los planes de pensiones colectivos o de empresa». Ya en aquel momento, expresamos las grandes lagunas de dicha, en nuestra opinión, «pobre»justificación.

Ciertamente, en 2020 los planes de pensiones colectivos o de empresa estaban muy poco desarrollados en España. Apenas suponían un 3 % del PIB y solo uno de cada seis trabajadores era partícipe de un plan colectivo. Pero España es un país principalmente conformado por pymes y, en estas, el ahorro colectivo apenas está presente. No suele ser una estrategia prioritaria. Por no citar al enorme colectivo de los autónomos, que carecen de la posibilidad de integrarse en un plan de pensiones colectivo o de empresa.

En resumen, más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) se vieron afectados por dicho recorte en la posibilidad de construirse una ‘hucha’ particular para sus futuras pensiones y además diferir impuestos, desde 2021. Adicionalmente los 3,2 millones de autónomos también fueron discriminados. De ellos el 41 % contaba con un plan de pensiones individual.

Por tanto, desde 2021 se generó menos ahorro previsional y hubo mayor recaudación (pago de impuestos) para este importante colectivo de contribuyentes.

Pues bien, transcurridos ya dos años, 2021 y 2022, desde dicho recorte, que además fue todavía acentuado en 2022 al reducir de 2.000 a 1.500 euros el incentivo de reducción de la base del IRPF, procede hacer examen del periodo.

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